Complices de mutismo procesal

Adolescente lleva denuncia a la ONU. No la operaron a tiempo de lesión a la columna por negarle a practicarle un aborto terapéutico, tras quedar en estado, víctima de violación.

Lilian Sepúlveda, directora regional en América Latina del Centro de Derechos Reproductivos CEDAW, presentó una denuncia ante las Naciones Unidas (ONU) contra el Estado peruano por negarse a interrumpir el embarazo de la menor de iniciales L.C al no habérsele practicado un aborto terapéutico, complicando su salud hasta el punto de dejarla en estado de invalidez permanente.La adolescente de 16 años fue ultrajada por dos sujetos el 2006, cuando tenía 13 años.

Producto de los vejámenes, quedó en estado de gestación, por lo que intentó suicidarse el 31 de marzo del 2007, lanzándose desde el techo de su precaria vivienda ubicada en Ventanilla. La menor fue conducida al hospital Alcides Carrión, donde confirmaron su embarazo. Además, sufrió el desprendimiento de la sexta cervical y un desplazamiento de la médula en la columna, por lo que debía ser intervenida el 12 de abril. Sin embargo, debido a su embarazo no se realizó la operación.

“Pedimos que se le realice la interrupción del embarazo, basados en la evaluación de la Defensoría del Pueblo, el informe clínico del Colegio Médico del Perú, a fin de que sea intervenida del daño sufrido a su columna. La solicitud fue negada por la junta directiva del hospital, quienes se negaron a intervenirla”, señaló la madre de L.C.

La menor sufrió un aborto espontáneo en julio del 2007 y recién tras ello fue operada de la columna, pero cuando ya el mal lumbar no tenía arreglo. “Culpamos al Ministerio de Salud por denegar el pedido de la familia y de las entidades que pedían también le realicen un aborto terapéutico, el cual está permitido en el país desde 1924”, afirmó Valerio Palacios, familiar de la joven.

Para Susana Chávez, abogada y directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), este es un problema de los hospitales públicos, que incumplen la ley pues los médicos no tienen una orden directa superior. “El aborto terapéutico debe incluirse en el Seguro Integral de Salud, con un presupuesto individual que evite la muerte anual de más del 20% de madres gestantes”, agregó Chávez. Para la organización CEDAW, el gobierno peruano se niega a expedir un protocolo de atención que interprete lo que dice el derecho, protocolo que sí se cumple en otros países.

“El Estado debe reconocer que cometió violaciones contra los derechos de la menor. Estamos demandando al Estado, ahí incluimos a los 25 médicos que se negaron a la intervención quirúrgica”, declaró Lilian Sepúlveda. En nuestro, país el aborto terapéutico es legal según el artículo 119º del Código Penal.“Me truncaron la vida. Necesitaba ayuda para seguir siendo una niña normal, yo no tuve culpa de ser violada. La negativa e indiferencia de los médicos me tendrá postrada a una cama por toda la vida”, señalo L.C, mientras se proyectaba el video que sirvió para interponer la denuncia contra el Estado peruano.

*Jhonny Cosme Ramírez, uno de los violadores, está recluido en el penal de Lurigancho. La fiscalía de Lima solicitó 25 años de prisión por violar a L.C. Como antecedente en el 2005, el Estado peruano fue sancionado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por vulnerar el derecho al aborto terapéutico a otra menor, de iniciales K.L tras un ultraje perpetrado en el distrito de El Agustino.